DERECHO PUBLICO - El derecho de huelga
Denomínase "huelga" la suspensión temporaria del trabajo concertada por obreros; y lock-out,
el cierre del establecimiento por el patrón o los patronos, en ambos casos por disidencias
originadas en el contrato del trabajo. En el régimen corporativo italiano, en que las huelgas y
lock-outs eran tratados como delitos, se consideraba "huelga" la suspensión del trabajo por
acuerdo de tres o más obreros para abandonarlo o para realizarlo en condiciones que
perturben la continuidad o regularidad del mismo; mientras que para el lock-out bastaba que
el cierre fuera decretado por un solo patrono.
Aunque se recuerdan vestigios históricos de una huelga que estalló en el antiguo Egipto, este
medio de lucha entre el capital y el trabajo fue desconocido en
la antigüedad, en que
predominó el trabajo de los esclavos. Tampoco fueron campo propicio para las huelgas los
talleres familiares de la Edad Media. Las huelgas aparecieron con el advenimiento de la gran
industria y del maquinismo, que colocaron al proletariado en condiciones precarias de
trabajo. Su carácter lícito o ilícito se vinculó al régimen de las coaliciones ocasionales y al de
las asociaciones permanentes. Cuando éstas fueron prohibidas, se declaró ilícito decretar la
huelga o el cierre, porque se consideraron como atentados a la libertad del comercio, de la
industria y del trabajo. Cuando se legitimó, un tiempo después, a los sindicatos profesionales,
desapareció ese delito, primeramente en Gran Bretaña, después en Francia y finalmente en los
demás países europeos y americanos. Sólo se conservó como delitos contra la libertad del
trabajo el sometimiento a comités de huelga, el picketing pacífico o presión sindical, la
intimidación, el boycot, las violencias, las amenazas, las vías de hecho, el sabotaje y la
destrucción de maquinarias o herramientas.
Actualmente, las legislaciones positivas pueden clasificarse en varios grupos, a saber: a) la
mayoría reconoce el derecho de huelga y lock-out, en forma expresa o tácita, pero con algunas
restricciones derivadas de la libertad del trabajo o de la prohibición de la huelga de los
funcionarios públicos o en servicios públicos; b) otras exigen la previa conciliación o el
recurso previo al arbitraje, o ambas soluciones a la vez, antes de considerar como lícita la
suspensión del trabajo o el cierre del establecimiento; c) otras han vuelto a calificar toda
huelga o lock-out como delito penal.
Para justificar el derecho de huelga, se dice que la libertad de trabajar no implica la obligación
de trabajar, pues si un operario individualmente tiene el derecho de negarse a trabajar, o si un
patrón puede no admitir a un asalariado, no hay motivo para declarar ilícito para un grupo de
obreros, para un patrono o grupo de patronos lo que está permitido a cada uno de ellos en
particular. Este pensamiento fue expresado en 1907 por Waldeck-Rousseau en el Parlamento
de Francia, cuando dijo que el derecho de un solo hombre para trabajar es tan respetable
como el derecho de diez mil de ir a la huelga. Algunos partidarios de los paros obreros no se
contentan con el derecho de trabajar o de no trabajar, sino que pretenden que todo obrero del
mismo ramo tiene el deber de plegarse al paro decretado por sus camaradas, como un deber
jurídico cuyo cumplimiento es exigible en juicio, sin recurrir a las vías de hecho. La huelga se
convertirá así en una institución social reglamentada por las leyes en que el interés individual
cedería ante el interés del gremio, como consecuencia de la solidaridad profesional, que se
valdría de la huelga para el logro de sus fines lícitos. Este modo de encarar la huelga figuró en
los proyectos de ley presentados en Francia en 1906 por Millerand.
